"Está más sólo que Clavarino en el Día del Amigo". Esa es la chanza que en voz baja pronuncian los representantes de las provincias en las reuniones de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Este organismo creado en 1977 se encarga de emitir fallos técnicos respecto de la jurisdicción impositiva y está integrado por todos los distritos, incluida la Capital Federal. La semana pasada la Comisión Arbitral le dijo no al "sabueso" tucumano. Había planteado una objeción a un fallo del organismo multiprovincial aduciendo que provocaba doble o múltiple imposición tributaria. En castellano: Clavarino quiso imponer normas que colisionan con lo que establece ese organismo y la respuesta que obtuvo es que hace 35 años que Tucumán adhiere y acata lo que manda la Comisión Arbitral (CA) y que ese mismo hecho impide que nuestra provincia ahora decida desoír sus resoluciones. La decisión de la CA también alcanzó a un planteo similar de la provincia de Misiones, pero respecto de Tucumán en la resolución se agregó:"si cada jurisdicción dicta unilateralmente normas impositivas que impacten en el universo de contribuyentes que actúan en otras jurisdicciones podría arribarse a una múltiple imposición generando un caos fiscal". En criollo: le dijeron a Clavarino que no puede hacer lo que quiera en materia impositiva.

¿Cómo afecta esto? Todos los que comercializan productos desde esta provincia hacia otras vienen teniendo problemas con la disposición impulsada por Clavarino y rechazada por la CA. Para aportar claridad: Rentas de Tucumán impuso a los comerciantes de cualquier provincia, que adquieran productos tucumanos, que se conviertan en agentes de percepción de impuestos. Así, si alguien de otro distrito compra algo a un tucumano debe gastar más dinero en impuestos. Supuestamente, Rentas le devuelve ese monto al empresario "extranjero" cuando deba abonar aquí algún impuesto. Obvio que un comerciante de Salta es difícil que necesite pagar, por ejemplo, el Inmobiliario tucumano. Lo que esta situación provoca es que caigan las ventas "externas" de los tucumanos. Y que el propio fisco local recaude menos y no más.

La decisión del CA es -además- otro chirlo para el contador y abogado que pilotea con récords de recaudación la DGR desde hace nueve años. Se suma al golpe de la reforma del Código Tributario provincial. En este último caso, la marcha atrás que debió dar el Ejecutivo se debió también a fallas técnicas y hasta constitucionales que tenía el proyecto de la DGR. Antes de estos dos hechos adversos a los planes de Clavarino, Rentas ya venía recibiendo bofetadas en Tribunales por Ingresos Brutos retenidos a grandes empresas de manera reñida con la ley.

Pese a todo esto, Alperovich mima a Clavarino y tiene argumentos para hacerlo: el bonaerense cumple con creces su función de engordador de las arcas del Estado. Cualquier gobernador querría tener un director de Rentas así de eficaz, innovador y competitivo. ¿Por qué, entonces, a nivel nacional y a nivel local nadie quiere sentarse en la misma mesa que Clavarino? Porque lo que se le cuestiona son las formas y la legalidad de sus propuestas. Porque negociar y consensuar antes de dictar o cambiar las reglas de juego impositivas es más que una simple regla de cortesía. Y porque tratar de avanzar tozudamente contra lo que marcan leyes nacionales y/o constitucionales resta en la suma de esfuerzos por recaudar más y mejor.

La jugada de Clavarino contra el CA, en el fondo, busca recaudar varios millones extra para Tucumán. Eso es lícito, pero no lo es si se afecta económicamente a los empresarios y si otras normas se lo impiden. También es correcto que Rentas saque sus sabuesos a la calle, y que se suban alícuotas para garantizar los fondos estatales. Pero esas medidas pierden legitimidad cuando cientos de comerciantes truchos -y/o acomodados- no aportan ni un peso. Así, el que paga los platos rotos termina siendo el "hombre solo" del inicio de este cuento.